En el área de concesiones e infraestructuras, se han producido arbitrajes internacionales ya que la regulación local de los países emergentes en los que se llevan a cabo es inestable.
Además, los cambios en la regulación de las concesiones de autopistas, producen daños económicos a sus gestores, que netvalue forensic puede cuantificar combinando sus tres áreas de especialidad:
1) Evaluación de las características técnicas de las infraestructuras (ingeniería civil)
2) Análisis de la regulación aplicable (incremento de inflación en los precios de los peajes, etc.)
3) Modelo financiero para cuantificar económicamente los daños emergentes/lucros cesantes que se hayan producido.
La gestión de infraestructura es la disciplina que gestiona elementos utilizados como base de una economía, tales como carreteras, agua, energía eléctrica, etc. Tradicionalmente, este tipo de activos han sido propiedad, y gestionados, por las administraciones locales o centrales.
Una concesión es el otorgamiento del derecho de explotación, por un período determinado, de bienes y servicios por parte de una Administración pública o empresa a otra, generalmente privada. La concesión tiene por objeto la administración de los bienes públicos mediante el uso, aprovechamiento, explotación de las instalaciones o la construcción de obras y nuevas terminales de cualquier índole sea marítima, terrestre o aérea de los bienes del dominio público.
Los objetivos de estos negocios radican en proporcionar servicios esenciales para el público, por ejemplo, la electricidad, el gas, el suministro de agua, la depuración de aguas residuales y las telecomunicaciones. Las concesiones públicas afectan a casi toda la infraestructura de los países desarrollados, ya que requieren grandes redes de distribución integradas, o la coordinación de muchos servicios esenciales como la red nacional del tendido eléctrico. Muchas concesiones públicas tienen una estructura de costes que se beneficia de la gran escala, puesto que los costos unitarios caen a medida que la red aumenta. Sin embargo, la existencia de estas redes suele provocar que las concesiones públicas se beneficien de un monopolio natural para dar ese servicio en el área donde operan.